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| Foto: Marcha "Salvemos al Inces", año 2011 |
El día 20 de agosto de 2013, el Inces celebraba en el Auditorio y Plazoleta de su Sede Principal, el Acto Central conmemorativo de su 54º Aniversario. Mientras en la planta baja se entregaban botones y refrigerios al ritmo de actos musicales, el acceso a la mezzanina y los pisos 1 y 4 fueron cerrados por funcionarios del CICPC, quienes en un procedimiento requerido por las Autoridades del Inces, retuvieron a los trabajadores de la Gerencia de Tributos e Informática, requisando sus cubículos, equipos y pertenencias. Cuatro trabajadores fueron esposados y detenidos por presunta corrupción. Como consecuencia, el Tribunal 18 de Control les dictó privativa de libertad imputándoles los delitos de peculado doloso, expedición de certificación falsa, fraude electrónico y asociación para delinquir. Se instruyó que tres trabajadores fueran recluidos en la cárcel de Tocorón y una trabajadora en el INOF mientras dure el proceso judicial.
SINTRAINCES comparte el llamado del gobierno a enfrentar la corrupción. Desde la creación del Sindicato hemos ejercido la Contraloría Social y Sindical denunciando irregularidades, actos de presunta corrupción y exigido transparencia en el manejo de los recursos del Inces a escala nacional y regional. Son más de 7 años de lucha. Pero ante cada protesta, quienes han ostentando el poder en el Instituto han buscado politizar el asunto, a sabiendas del carácter autónomo e independiente de este Sindicato. Por eso la situación actual genera dudas pues la soga reventó por lo más delgado.
En el caso en cuestión, la Organización Sindical no ha declarado en ningún momento que los trabajadores imputados estén libres de culpa y reitera que cada quién debe ser responsable de sus actos cuando de infringir la ley se trata. Pero tampoco hemos salido a decir que son culpables. El artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que “Toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario.” Por lo que, hasta que no exista una Sentencia Firme que los declare culpables, luego de un juicio justo, debemos presumir la inocencia de los trabajadores.
Lo que sí hemos reclamado es el exceso en el procedimiento. Lo que la ley señala como parte del debido proceso. Si bien el Inces no tiene responsabilidad directa de la actuación del CICPC, sí la tiene sobre algunos de sus Directivos que asumiéndose como uno más del operativo, atropellaron al personal y de una vez los sentenciaron calificándolos de culpables. Más aún, arremetieron ofensivamente contra dirigentes de este Sindicato y luego van y se rasgan las vestiduras de gestión obrerista. La arbitrariedad en el ejercicio de la función pública también es sancionable. No es al Patrono ni al Sindicato a quienes corresponde calificar responsabilidades penales. Eso es competencia de un Juez. Menos exhibirlos como trofeos. Por ello SINTRAINCES ha sido solidario en brindarles la orientación que el Inces les niega y que está prevista en la Cláusula Nº 50 de la Convención Colectiva vigente.
Por otro lado, llama la atención que en momentos donde la gestión del Inces está siendo cuestionada por el cambio metodológico de su programación en lo que se ha denominado el “desmantelamiento del Inces”; se enfile el reflector hacia estos trabajadores, dejando fuera de foco todo lo demás. Coincidencia o no, se distrae la opinión pública de las decisiones de la Alta Jerarquía del Instituto.
Y ya que la Contraloría Social es tarea de todos y el Inces ha dado un paso notorio en este sentido, nos permitimos plantear las siguientes interrogantes a fin de que se avance en la cruzada recién emprendida:
¿Ha habido acceso público a la “Memoria y Cuenta” del Inces de los años recientes? ¿No ha habido ningún jefe involucrado en presuntas irregularidades, sólo imputaciones a 4 funcionarios y obreros? ¿Cómo se le llama a los actos, eventos y divulgaciones abiertamente proselitistas donde el Inces ha invertido recursos? ¿Se han investigado las denuncias de asignación de cargos y contratos con presunto nepotismo? ¿Cuál es la explicación a que no haya inversión tangible en mejoras tecnológicas ni en la infraestructura de los Centros? ¿Existe alguna investigación sobre las denuncias que refieren al parque automotor del Inces? ¿Se facilitará a los trabajadores el acceso a la información para desestimar cualquier duda que se genere sobre adjudicaciones o presuntos sobreprecios? Reiteramos nuestra mejor disposición para acompañar a las Autoridades en esta lucha.
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