Carmelo Sánchez, secretario de organización del sindicato del Inces, informó que las manifestaciones pacíficas se rotan (ayer le tocó el turno al estado Carabobo) y a la hora del almuerzo para no paralizar las actividades, pero la directiva no ha dado respuesta a los planteamientos de la marcha del 30 de mayo pasado en Caracas.
Recordó que la directiva del Inces eliminó los cursos de capacitación y traspasó esa facultad a los consejos comunales, a lo cual el sindicato no se opone sino que plantea combinar los proyectos de las comunas con la educación para el trabajo que tradicionalmente efectuaba el organismo desde hace 54 años.
Ante el alerta de Sintrainces, agregó Sánchez, la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional envió el 22 de abril una comunicación al viceministro para la Formación y el Trabajo del despacho de Ciencia y Tecnología, José Luis Berroterán, en la que le expresa preocupación por la situación interna del instituto y, sin embargo, “las autoridades se mantienen en silencio”.
En la carta, el diputado Carlos Gamarra, vicepresidente de la comisión, señala que en la gestión de parlamentarismo de calle recibieron llamados de alarma y malestar de las comunidades de varios estados como Miranda, Anzoátegui, Lara, Carabobo, Zulia y Falcón, sobre la desacertada dirección del Inces.
El texto también se refiere especialmente “ a las desarticulaciones de los diferentes programas de formación y acción política de muchos de los facilitadores que durante años forman el corazón de la formación de esa institución”, además del desmontaje de la estructura de cursos, la creación de grupúsculos de élite de dirección, la no articulación con el poder popular y consejos comunales, y la descalificación de la Gran Misión Saber y Trabajo.
Al respecto, Sánchez refirió que los 186 centros de formación están cerrados u ocupados por damnificados a lo que se suma el daño de los equipos en los talleres y salones de clase en especialidades como confección, automotriz, computación, herrería, carpintería y panadería, entre otras.
Destacó que la junta directiva debe rendir cuentas sobre el destino del dinero recaudado a los trabajadores y empleadores, pues las empresas deben llenar sus requerimientos con estudiantes de instituciones acreditadas por el Inces y por ese concepto pagan también.
Indicó que más de 90% de 621 proyectos inscritos por las comunas están paralizados por falta de asistentes y financiamiento. (Ana Díaz, El Nacional, 02.07.13)
